Los Rectores de las Universidades Nacionales agrupados en la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU), emitieron un comunicado en el que se dirigen al país para fijar posición ante el anuncio del Presidente de la República Nicolás Maduro Moros con respecto a su iniciativa de convocar una Asamblea Nacional Constituyente

AVERU SE PRONUNCIA

EN RECHAZO A LA CONVOCATORIA A UNA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE

En nuestra condición de Rectores de las Universidades Nacionales agrupados en la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU), nos dirigimos al País, para fijar posición ante el anuncio del Presidente de la República Nicolás Maduro Moros de su iniciativa de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, y en tal sentido los Rectores manifestamos:

CONSIDERANDO

Que mediante Decretos 2.830 y 2.831 de fecha 01 de mayo de 2017 publicado en Gaceta Extraordinaria número 6.295, el Presidente de la República convocó a una Asamblea Nacional Constituyente, creó Comisión Presidencial para elaborar las bases comiciales, territoriales y sectoriales, y estableció la conformación y funcionamiento de la Asamblea Constituyente .

     CONSIDERANDO

Que la Constitución Nacional dispone en sus artículos 5 y 347 que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y compete a ella el ejercicio del  poder constituyente originario a través  de la realización de un referéndum en el que participan todos los ciudadanos venezolanos inscritos en Registro Electoral,  mediante el sufragio directo, universal y secreto.

     CONSIDERANDO

Que la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para crear un nuevo ordenamiento jurídico  y  constitucional por el poder comunal, es ilegítima e inconstitucional, toda vez que quebranta la participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía estatuida en los artículos 63 y 70 de la Constitución Nacional, lo que configura una actuación autocrática y una derogatoria de facto de la Constitución vigente.

    CONSIDERANDO

Que el Ejecutivo Nacional pretende “simular” un proceso constituyente al margen de nuestra carta magna y revestirla de una apariencia democrática ante la Nación y la Comunidad Internacional, pretendiendo exhibir la voluntad del pueblo, sin su participación a través del voto universal, directo y secreto, y de este modo ocultar la grave crisis humanitaria, social, política y económica que vive el país.

CONSIDERANDO

Que la consulta que se plantea realizar fue rechazada de forma mayoritaria por el pueblo venezolano  en el Proyecto de reforma constitucional sometido a referendo en el año 2007.

CONSIDERANDO

Que las actuaciones del Ejecutivo Nacional constituyen flagrantes violaciones al orden Constitucional, al desconocer las estructuras democráticas de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos directamente, o por medio de sus representantes elegidos.

 CONSIDERANDO

Que el llamado a la Asamblea Constituyente como una garantía propuesta por el Ejecutivo Nacional para asegurar la paz como anhelo de la nación, el reconocimiento, respeto, imparcialidad y dependencia de los Poderes Públicos, la protección a los derechos humanos y a la vida, el diálogo como medio para contener la escalada de violencia social y política,  deviene en un mecanismo absurdo ya que la situación de crisis institucional, social y económica se origina por la transgresión de la Constitución Nacional que de forma reiterada el Gobierno Nacional incurre impidiendo el pleno funcionamiento del Estado.

ACUERDA

PRIMERO Solicitar a los órganos y funcionarios que ejercen el Poder Público, conforme a lo previsto en los artículos 7 y 333 de la Constitución Nacional restablecer el cumplimiento de todos sus preceptos, y garantizar la plena y efectiva vigencia de nuestra Carta Magna, y en consecuencia rechazar el llamado a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente por representar una violación flagrante a la Constitución y vulneración del Estado de Derecho y  de los principios esenciales de la democracia.

SEGUNDO: Exigir el cumplimiento de los derechos humanos fundamentales, y en especial  el derecho a la vida  de todos los venezolanos,  consagrados en la Constitución y Acuerdos Internacionales.

TERCERO: Manifestar y condenar  la utilización de las fuerzas públicas en contra de la sociedad civil y miembros  de la comunidad universitaria,  y los medios de represión constitucionalmente prohibidos que atentan contra la vida, la dignidad y la integridad física; así como nuestro irrestricto rechazo a la criminalización de la protesta, lo que ha generado muertes,  heridos,  detenciones arbitrarias y  actos vandálicos en contra de la propiedad privada.

CUARTO: Exhortar a la Asamblea Nacional como órgano de expresión y representación de la voluntad y la soberanía popular mantener la defensa del estado de derecho y los valores democráticos.

QUINTO: Solicitar al Poder Electoral, al Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano y demás  órganos del Poder Público tomar las acciones conducentes para el restablecimiento del orden constitucional, la garantía del derecho a la vida de todos los ciudadanos y el libre ejercicio de los derechos cívicos y políticos.

SEXTO: Exhortar a las Fuerza Armada Nacional a ejercer su función de estar al servicio exclusivo de la Nación y de los ciudadanos y coadyuvar en la restitución del estado de derecho y el orden interno de conformidad con el artículo 328 de nuestra Constitución.

CECILIA GARCÍA-AROCHA MÁRQUEZ, PRESIDENTE

MARIO BONUCCI ROSSINI, VICEPRESIDENTE

BENJAMÍN SCHARIFKER PODOLSKY, SECRETARIO

AVERU,  viernes 05  de Mayo de 2017